Es el Derecho de Acceso a la información se constituye como uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho, a través del mismo se dota a la población de la posibilidad de involucrarse y fiscalizar las actuaciones de los gobernantes.

Siendo la función pública un mandato directo del soberano, en el que los funcionarios actúan como mandatarios y no como mandantes, resulta necesario ejercitar medios de control adecuados que permitan saber entre otras cosas en qué, para qué, quién y cómo son utilizados los recursos públicos y cuál es la justificación del actuar gubernamental.

La Constitución Política de la República data del año de 1985, aunque inició su vigencia un año después, previó que para la consolidación de una verdadera democracia participativa, era necesario regular el Derecho de todo ciudadano a acceder a la información considerada como pública, así como tener acceso a la información personal en poder de órganos gubernamentales, evitando así continuar con la práctica del secreto administrativo, propio de estados autoritarios; es así como primordialmente en el contenido de sus artículos 30 y 31 desarrolla tal derecho y la base constitucional del Habeas Data.

Sin embargo no es sino hasta el año 2008 cuando surge del Organismo Legislativo el cuerpo legal que desarrolla los preceptos constitucionales respecto del derecho de acceso a la información pública, a través precisamente de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que adquiere forma a través del Decreto 57-2008 del Congreso de la República, que entró en vigencia para la República de Guatemala, el veinte de abril del año dos mil nueve, con un total de setenta y dos artículos.