El Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala, es una legislación fundamental que garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se manejan los asuntos públicos. Este derecho es un pilar de la democracia, ya que permite a la ciudadanía ejercer un control sobre las acciones del gobierno y promover la rendición de cuentas.

El Artículo 10 de este decreto, en particular, establece un principio básico:
Toda la información relacionada con el derecho de acceso a la información pública se regirá por la Constitución y la ley misma. Esto significa que cualquier solicitud de información pública debe ser evaluada a la luz de lo establecido en estos dos instrumentos legales.

¿Qué implica este artículo?
Supremacía constitucional: La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema del país y cualquier ley, como el Decreto 57-2008, debe estar en consonancia con ella.
Marco legal específico: El Decreto 57-2008 proporciona un marco legal detallado para regular el acceso a la información pública, incluyendo procedimientos, plazos y excepciones.
Garantía de transparencia: Al establecer que toda la información se regirá por la Constitución y la ley, se garantiza que el acceso a la información pública será transparente y no estará sujeto a criterios arbitrarios.

¿Por qué es importante este artículo?
Protección del derecho a la información: El artículo 10 reafirma el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer cómo se toman las decisiones que afectan sus vidas.
Prevención de la corrupción: Al fomentar la transparencia, este artículo contribuye a prevenir actos de corrupción y a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz.
Fortalecimiento de la democracia: El acceso a la información pública es esencial para una democracia sólida, ya que permite a los ciudadanos participar de manera informada en los asuntos públicos.